Huelga y privatización en el Sistema de Salud
Orlando Núñez Soto

En el mes de marzo se cumplen aproximadamente cuatro meses de huelga por parte del Movimiento de los Médicos Pro-salario y dos meses de huelga por parte de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD).

De los tres mil médicos del sistema de salud pública, 1,000 médicos pertenecen al Movimiento Pro-salario, 1,500 médicos están afiliados a FETSALUD y 700 pertenecen al sistema administrativo. Por su parte FETSALUD cuenta con 21,000 afiliados, entre médicos, enfermeras y auxiliares.

La reivindicación de los médicos Pro-salario es el aumento de los salarios que perciben en los hospitales, rehusándose a atender la llamada ruta crítica. La ruta crítica es el servicio que recibe la población en emergencia, cuidados intensivos y el quirófano.

La reivindicación de FETSALUD incluye el aumento salarial y la eliminación del pago que la población tiene que entregar por el uso del área privada en los hospitales, manteniendo los servicios de la ruta crítica a la población. El pago privado en los hospitales y centros de salud, comenzó con las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a los gobiernos de Chamorro-Alemán-Bolaños.

Efectivamente, el salario de la salud pública es muy bajo en Nicaragua, mucho menor que en el resto de Centroamérica, incluso mucho menor que en Honduras, un país con similares condiciones económicas que Nicaragua. Mientras en Honduras un médico gana 1,500 dólares, en Nicaragua el mismo médico con igual calificación gana 500 dólares. Mientras en Honduras las enfermeras ganan 500 dólares, en Nicaragua ganan menos de 100 dólares. Además, existe una gran diferenciación en los salarios del personal que labora en los hospitales y centros de salud en Nicaragua. Mientras los médicos especializados trabajan un promedio de 4 horas diarias y ganan 500 dólares, lo que es insuficiente, una enfermera gana menos de 100 dólares, trabaja ocho horas y tiene que hacer un turno semanal de 24 horas, lo que es mucho más injusto.

En los últimos quince años, el sistema de salud pública se ha venido deteriorando aceleradamente, producto de las políticas neoliberales. En 1989, el gobierno sandinista presupuestaba 135 millones de dólares para el gasto en el sistema de salud, presupuesto que doña Violeta bajó a 70 millones de dólares, es decir, lo redujo a la mitad, con una población cada vez más numerosa y con una capacidad adquisitiva de los medicamentos mucho menor. En 1989, el gobierno sandinista gastaba 60 millones de dólares en medicamentos y doña Violeta lo redujo a 12 millones de dólares, es decir, a menos de la cuarta parte. En aquel entonces, el medicamento costaba 3,5 dólares el kilo y ahora cuesta 15,3 dólares el mismo kilo, en otras palabras el gobierno gasta menos y compra menos medicamentos por cada dólar, la población ha crecido y los medicamentos son cada vez más caros para la población.

Privatización del sistema de salud

Anteriormente a las medidas neoliberales de 1990, la población no pagaba en los centros públicos hospitalarios. Una parte de la población cotizaba al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) y la mayor parte de la población no cotizaba, pero el servicio en los hospitales públicos era gratuito para todos.

A partir de 1990 el Fondo Monetario Internacional dispone privatizar y trasladar los servicios públicos de salud del INSS hacia lo que se ha denominado Clínicas Previsionales. Existen alrededor de 50 clínicas previsionales, 36 privadas y 14 públicas (doce del MINSA y dos de las Fuerzas Armadas).

Teóricamente, el mecanismo de las clínicas previsionales permite que el cotizante escoja la clínica previsional de su preferencia, asista como paciente a dichas clínicas y el Seguro Social cancela a la clínica por el servicio que ésta presta al cotizante. En la realidad, el MINSA es quien asigna y designa. Con la implementación de las clínicas previsionales los especialistas perdieron parte de su clientela en las clínicas privadas.

Las clínicas previsionales reciben un subsidio enmascarado por parte del gobierno. Cuando en la sala de emergencia de los hospitales, por ejemplo, se brindan los primeros auxilios a un paciente que luego es remitido a la clínica previsional, sin que ésta tenga que retribuir nada al hospital.

Hoy en día, parte de los especialistas se defienden económicamente atendiendo en las áreas privadas de los hospitales, cobrando el servicio a los pacientes. Efectivamente, el área privada se ha convertido en una fuente adicional de ingresos para los especialistas, gran parte de los cuales pertenecen al movimiento de los Médicos Pro-salario, los que a su vez son subsidiados por el gobierno, pues ahí el especialista tiene infraestructura, agua, energía, personal, laboratorio, farmacia, etc., por lo cual no tiene que pagar nada. Además tiene su salario como médico del hospital.

Los hospitales y los centros de salud se mantienen, pero con un servicio cada vez más deficiente. Hoy en día, la población llega al hospital y quienes lo reciben le ofrecen dos opciones, la primera es que lo atiendan en el área pública donde el servicio es pésimo, la segunda es que lo atiendan en el área privada donde el servicio es mejor. En el área pública la población es atendida por médicos internos (estudiantes de 6to año de medicina), médicos generales, médicos en servicio social y médicos residentes; aquí la población paga un poco por el servicio y además tiene que comprar los materiales y los medicamentos. En el área privada es atendida inmediatamente por un médico especialista y tiene que pagar por todo, pero tiene un servicio asegurado, puede recibir visitas y está en mejores condiciones.

El deteriorado servicio en el área pública y el mayor pago en el área privada, tiene además, el efecto perverso de ahuyentar a la población que no puede pagar ni siquiera el yeso para reparar su brazo, logrando así, el gobierno, ahorrar y disminuir el gasto social en salud. De tal manera que la privatización del sistema de salud, al igual que la privatización del resto de servicios, impuesta por el Fondo Monetario Internacional, ha traído mayor corrupción, mayor diferenciación y mayor padecimiento de la población.

La privatización del sistema de salud, en el que participa el gobierno y el sector privado, se extiende a la importación y distribución de los medicamentos. Existen dos tipos de medicamentos, los genéricos y los llamados éticos por las corporaciones farmacéuticas, refiriéndose a los medicamentos de marcas exigentes. Los medicamentos están exentos de impuestos de importación, comprometiéndose los distribuidores a venderlos al precio de referencia más un 30% de ganancia. Lo que hacen los importadores es declarar un primer embarque, por ejemplo, a un precio de 1 dólar por frasco, precio que queda fijado como referencia, importando posteriormente una mayor cantidad a un precio rebajado de 0,50 centavos dólar (rebaja por volumen de compra), vendiéndolo a la población como si costara un dólar, correspondiente al precio primeramente registrado y convertido en precio de referencia en el futuro. De manera que aunque los medicamentos puedan entrar más baratos al país, las ventajas sólo las obtiene el importador-distribuidor y no la población.

La privatización del sistema de salud se justifica diciendo que la gente no paga suficiente impuesto y que el Estado tiene que honrar sus deudas externas y ahora internas. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. En el año 2005, el gobierno recibió alrededor de 124 millones de córdobas por pago de servicios en los hospitales y centros de salud. Una cifra insignificante comparada con el presupuesto nacional de salud que es de 2,700 millones de córdobas; de manera que el flagelo que se hace pagar a la población es innecesario, aunque la medida cumple con su objetivo de persuadirnos de que los servicios públicos son malos por naturaleza, aduciendo que el Estado es mal administrador, para que apoyemos la privatización del resto de servicios públicos, particularmente el agua.

Sería, pues, mucho cinismo el concluir que todo este alboroto es asunto de diferentes posiciones políticas, limitadas a luchas de poder. La realidad es que en Nicaragua siguen existiendo intereses económicos diferenciados, gente que toma posiciones diferentes frente a los mismos, como también existen soluciones alternativas a las del Fondo Monetario Internacional

A primera vista parece, pues, sensato que todos los médicos y trabajadores de la salud en general mantengan su derecho a protestar, logrando así mejorar sus salarios, condiciones de trabajo y estabilidad laboral, independientemente que estén afiliados a FETSALUD, Movimiento de los Médicos Pro-Salario, sindicatos independientes o que no estén afiliados a ninguna organización. Salta a la vista, sin embargo, que los pobladores-pacientes son los más afectados por el sistema de salud, lo que obligó al MINSA a prohibir los cobros en los hospitales y suspender el área privada, lo que celebramos. Las negociaciones en torno a las reivindicaciones salariales continúan entre el gobierno y los huelguistas, discutiéndose un aumento entre el 15% y el 30% del salario. Lamentamos que hayan surgido contradicciones en el seno de los huelguistas, médicos y trabajadores de la salud, en vez de unirse contra el verdadero responsable, el Fondo Monetario Internacional.