¿Intereses gremiales o intereses poblacionales?
Orlando Núñez Soto

El comienzo de año ha sido escenario de una serie de luchas gremiales y sindicales, entre las cuales destacan la huelga de los médicos, la protesta de los maestros, el paro de los transportistas, el reclamo de los trabajadores por el salario mínimo, la marcha de los panaderos, entre otras.

Esta jornada popular ha sido precedida desde el año pasado por una serie de protestas contra el aumento de las tarifas de energía, así como por una serie de irregularidades de parte de la transnacional Unión Fenosa, quien cotidianamente provoca y convoca airadas protestas por parte de diferentes organizaciones de consumidores. Protestas que han tenido como contexto permanente las protestas contra los términos del tratado comercial con los Estados Unidos o contra los intentos del gobierno de privatizar el agua y los servicios públicos en general.

Particular importancia ha tenido la posición de la Coordinadora Civil y de la Coordinadora Social en la denuncia contra los privilegios presupuestarios que los banqueros y la Asociación de Confiscados lograron en el Presupuesto General de la República para el año 2006, donde juntos recibieron 5,000 millones de córdobas en concepto de servicios de deuda interna, nada más y nada menos que el 20% de todo el presupuesto nacional.

La particularidad de todas estas jornadas adquiere cierta notoriedad en la coyuntura política actual, como es la disminución de la criminalización y difamación por parte del gobierno y de algunos medios de comunicación contra las diferentes huelgas y movilizaciones.

En el caso de los médicos, el gobierno y algunos intelectuales no han podido deslegitimar su lucha aduciendo que son maniobras del Frente Sandinista. El hecho de que la huelga de los médicos pro-salarios provenga de un gremio cercano a las posiciones del gobierno ha impedido quizás la vieja manipulación.

En el caso de los maestros, el gobierno no ha podido esta vez debilitar la protesta acudiendo a la división política de los gremios magisteriales, pues los diferentes gremios han venido mostrando cada vez más cohesión gremial frente a las posiciones politizadas del gobierno.

En el caso de los transportistas, el debate ha salido del ámbito polarizado entre gobierno y transportistas, involucrando opiniones que han planteado la relación que existe entre los intereses de los transportistas, los intereses de los usuarios y la política económica en su conjunto. Por otro lado, el señalamiento que se hace a las cooperativas del transporte, acusándolas de insensibles empresarios descalifica de paso al empresariado en general, lo que genera más contradicciones en los aliados del gobierno.

En el caso de la lucha por el salario mínimo, el gobierno se ha adelantado a proponer un aumento del 9% para los trabajadores, queriendo relacionar el aumento del salario mínimo con la subida de las tarifas al transporte público.

La estrategia política del gobierno y de algunos medios de comunicación ha sido el querer contraponer los intereses de los gremios a los intereses de la población, basándose en la incomodidad material que significa para los pobladores la interrupción de algunos servicios públicos como es la salud, el transporte o la educación. Esta contradicción no ha escapado a los propios gremios, quienes han venido buscando como solucionarla de diferente manera. En algunos casos, combinando la huelga pasiva con la huelga activa, tal es el caso de los médicos pro-salario quienes aceptaron mantener el servicio de emergencia en los hospitales.

El balance de estas jornadas es que la población comienza a entender que son las políticas económicas quienes la afectan mayormente y no el mal menor de tener que soportar una huelga determinada.

Quizás el caso más evidente sea el de la salud. En parte porque la entrada de Fetsalud a la huelga ha basado su reivindicación en los servicios a la población, manteniendo los servicios de emergencia, rechazando el pago de los servicios privados en los hospitales, desenmascarando la corrupción manifiesta de dicha política en los hospitales y centros de salud. En parte porque los activistas de Fetsalud, médicos y enfermeras, a los que se han sumado activistas de la Coordinadora Social, han desencadenado una jornada de perifoneo explicativo en los barrios de Managua, en ocasión de la marcha convocada por todo el personal de salud en contra de la corrupción hospitalaria.

Cada vez es más evidente para la población que la lucha de los gremios, sindicatos y asociaciones civiles, es una lucha de todos y todas, no solamente porque los pobladores son los mismos familiares de los huelguistas, sino porque quien más sufre el aumento del transporte, el pago en los hospitales, la privatización de la educación o el estancamiento y retroceso del salario mínimo son los mismos pobladores.

En estas condiciones, la clase política, sobre todo de derecha, que siempre ha sabido sacar provecho de las contradicciones en el seno del pueblo, ha tenido que redoblar su cautela, pues las acusaciones contra los huelguistas pueden convertirse en un boomerang contra ella, toda vez que los huelguistas y la población acercan cada día más sus posiciones frente al gobierno y frente a las políticas económicas neoliberales. Mientras todo esto pasa, la cívica clase intelectual, aglutinada en el famoso diálogo nacional, no ha dicho esta boca es mía, arriesgándose a un diálogo totalmente asexuado, pues si estos temas no son parte del diálogo nacional, muy poco interés o esperanza tendrá la población en un diálogo convocado por notables empresarios, pero sin contenido social. Cada día se dificulta más mantenerse como espectador o como francotirador, criticando a diestra y siniestra toda posición que altere el real-istmo, jugando a la asepsia social, bajo pretexto de que detrás de cada lucha se encuentra una malintencionada mano pachona. Cada día se dificulta más afirmar que no existen luchas en Nicaragua aduciendo que las mismas son frenadas por determinadas fuerzas políticas, ya sea por antipatía frente a tales fuerzas políticas o como pretexto para no participar en dichas luchas.

No falta la pluma renegada, resentida y envenenada, preocupada esta vez por la posibilidad de un impuesto a las pobrecitas compañías petroleras aduciendo que ello perjudicará a los grandes empresarios. Estas plumas proponen privatizar el transporte, pero a favor de los grandes empresarios, no de las cooperativas, como si la población no sabe lo que pasa cuando se privatizan los servicios públicos: aumento indiscriminado de tarifas.