¿Hegemonía presidencial o división de poderes?
Orlando Núñez Soto

Se dice que el Presidente Bolaños está perdiendo hegemonía institucional, a favor de la Asamblea Nacional, consignada como el primer poder del Estado. ¿Qué grado de hegemonía debería tener el Poder Ejecutivo? ¿Es compatible la hegemonía presidencial con la división de poderes, estipulada por la Constitución de la República? ¿Cuál es el trasfondo ideológico de esta polémica?, es parte de lo que quisiera compartir con ustedes.

En la democracia liberal, los presidentes son electos por el partido que obtiene más votos en las urnas electorales. Ahora bien, dado que en las elecciones participan varios partidos políticos, un presidente sale electo finalmente con los votos de su partido, es decir, con una cantidad de votos que difícilmente pasa del 50% de los ciudadanos que tienen derecho al voto, habida cuenta del grado de abstención de la población votante. En otras palabras, al presidente ganador se le adjudican todos los votos, aunque solo goce del apoyo de una minoría electoral.

En Estados Unidos por ejemplo, donde la abstención pasa del 50% y los partidos demócrata y republicano se reparten los votos mitad y mitad, los presidentes son elegidos apenas con el 30% de los votantes. En Nicaragua, donde la participación en las elecciones presidenciales gira alrededor del 80%, podemos decir que el Presidente Bolaños fue electo con un poco menos de la mitad de los nicaragüenses con derecho a votar.

Por otro lado, y sobre todo en las democracias recién instauradas, el Presidente se mantiene en el poder hasta que termina su mandato, teniendo la población que aguantarlo haga lo que haga. Es así que el Presidente y todos sus funcionarios, se convierte prácticamente en dictador democrático, valga la contradicción. Es decir, electo democráticamente, pero con un cheque en blanco para hacer lo que quiera, sin que nadie tenga la posibilidad de hacer algo para detenerlo. Si a esto le agregamos que la famosa división de poderes pocas veces funciona, tenemos como resultado un presidente con una alta cuota de hegemonía, por no decir que gobierna dictatorialmente, concentrando todo el poder en sus manos, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo, el judicial y el electoral.

Usualmente la clase política o los medios de comunicación no han reparado en esta fisura de la democracia, puesto que hasta ahora habían estado de acuerdo con las medidas de los gobiernos anteriores. Sin embargo, a raíz de las sucesivas victorias de la izquierda en muchos países latinoamericanos, tanto a nivel de las elecciones presidenciales como de las municipales, algunos analistas de la derecha y algunos medios de comunicación, han empezado a pegar el grito al cielo, hablando de los famosos dictadores democráticos.

En el caso de Nicaragua, la población ha constatado esta amarga situación. Por ejemplo, los presidentes Chamorro, Alemán y Bolaños, una vez en la presidencia, se dedicaron a desestatizar y privatizar todos los bienes públicos, bajo presión de los organismos internacionales, con las nefastas consecuencias para la mayoría de la población, incluso para quienes votaron por ellos. Asimismo se dedicaron a facilitarle a la oligarquía financiera, es decir, a los banqueros internos y externos, todas las facilidades para estafar al presupuesto de la república a través de los certificados leoninos y a todos los tarjetahabientes de la clase media a través de la usureras tarjetas de crédito. Sin hablar de los grandes despilfarros, desfalcos, estafas, fraudes, lavado de dinero y robos abiertos al erario, en beneficio de una camarilla gubernamental.

Dicho en otras palabras, los organismos internacionales que obligaron a nuestros presidentes a desnacionalizar Nicaragua, los corruptos que asaltaron al Ministerio de Hacienda y los banqueros que obligaron al Presidente a facilitarles el negocio fácil, son quienes, en última instancia, han decidido a favor de quienes gobierna el Presidente, a pesar de que los organismos financieros no votan y a pesar de que los banqueros son apenas una ínfima minoría cuyo voto no cuenta para nada.

Podemos entonces concluir que, a partir de la globalización neoliberal, el presidente de la república perdió la hegemonía nacional, trasladándola a los organismos financieros internacionales, a las empresas extranjeras y a los banqueros de cualquier nacionalidad.

Ahora bien, a partir de las reformas legislativas del año 2004-2005, actualmente en marcha por parte de la Asamblea Nacional de Representantes, parece que las cosas en Nicaragua comienzan a cambiar. Dicho sea de paso, la Asamblea Nacional es el único poder del Estado que es electo con la totalidad de los votos. Allí están los votos sandinistas, los votos liberales, los votos conservadores, en fin, los votos de todos los partidos que participaron en las elecciones. Nos guste o no nos guste, es la institución con mayor grado de representatividad en todo el espectro de la democracia representativa.

De tal manera que para ordenar esta discusión habría que contemplar o despejar tres aspectos. Primero, estamos por la hegemonía presidencial o por la división de poderes. Segundo, estamos de acuerdo con el contenido de las leyes o no estamos de acuerdo. Tercero, estamos de acuerdo con la forma en que se están aprobando las leyes o no estamos de acuerdo. Seguidamente digamos qué es lo que proponemos.

En relación al primer dilema, mi punto de vista es que apenas recientemente comenzamos a tener una verdadera división de poderes, hasta ahora habíamos tenido un presidente con hegemonía hacia adentro, pero subordinado hacia fuera. No es pues el Presidente quien ha perdido la hegemonía, puesto que ya la había perdido con la globalización neoliberal, sino la oligarquía empresarial y bancaria que hasta ahora se ha beneficiado de tales políticas. Respecto a la pérdida de hegemonía frente al resto de poderes del estado, es cosa que no puede reivindicar ningún presidente, puesto que esta Constitución y todas las constituciones liberales por las cuales nos regimos, no preservan ninguna clase de hegemonía para ningún poder del estado.

En relación al segundo dilema, creo sinceramente que la mayoría de la población saldrá beneficiada con las nuevas leyes y las reformas a leyes anteriores; esperemos que en tal sentido los diputados se tomen la molestia y recurran a todos los medios para explicarlas a la población.

En relación al tercer dilema, debería haber mayor consulta en la aprobación de las leyes y mayor divulgación de las mismas.

Ahora bien, si a alguien no le gusta esta forma de democracia, está en su derecho proponer cambiarla, enmendarla o enriquecerla. Ojalá que sea ésta la opción, en vez de recurrir a golpes de estado, como en el pasado, o a solicitar intervenciones extranjeras, como en el pasado, solamente porque la correlación política de fuerzas no favorece sus intereses.