Crisis del Presidente o crisis del liberalismo
Orlando Núñez Soto

En el siglo pasado, los presidentes electos eran depuestos por golpes de estado, por revoluciones, contrarrevoluciones o intervenciones militares. Los golpes de estado eran perpetrados en la mayoría de los casos por las fuerzas armadas y en el caso de las intervenciones, la gran mayoría fueron llevadas a cabo por los marines estadounidenses. Claro que existieron las más variadas combinaciones y expedientes.

En la segunda mitad del siglo XX, los levantamientos o revoluciones, fueron de carácter antiliberal o anticapitalista y a la par que expulsaban al presidente de turno, emprendieron fuertes transformaciones sociales. Tal es el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, Fidel Castro en Cuba, Bishop en Grenada, el FSLN en Nicaragua, entre los más destacados. Todos estos movimientos fueron inmediatamente acosados y depuestos por la fuerza del gobierno estadounidense, con la notable excepción de Cuba. Incluso tuvimos movimientos de carácter socialista que llegaron al poder por la vía electoral, como es el caso de Salvador Allende en Chile, que fue aniquilado por el golpe de Estado de Pinochet, apoyado éste por el gobierno estadounidense.

Entrado el siglo XXI, los movimientos guerrilleros se han calmado, con excepción del movimiento guerrillero colombiano, recrudeciéndose la contienda electoral entre partidos de derecha, generalmente liberales, y partidos de izquierda, generalmente progresistas, socialdemócratas o decididamente anticapitalistas. Algunos de estos movimientos han logrado tomar el gobierno a través de elecciones libres, tal es el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil o el Movimiento Bolivariano en Venezuela, los cuales no han sido depuestos ni por golpes de Estado ni por intervenciones extranjeras, a pesar de los intentos por parte de la derecha liberal y del gobierno de los Estados Unidos.

Vale la pena señalar que a la par de las elecciones presidenciales, el poder institucional comienza a disputarse también a nivel municipal. Es así que existen ya múltiples experiencias donde fuerzas o partidos de izquierda han ganado gobiernos municipales en ciudades importantes como la capital mexicana, salvadoreña, nicaragüense, colombiana, amén de otras ciudades importantes del continente.

En general podemos afirmar que la consolidación de la democracia representativa latinoamericana ha sido muy difícil por la intolerancia de la clase política tradicional y del gobierno estadounidense. Anteriormente, porque los conservadores y liberales se botaban mutuamente. Posteriormente, por la intolerancia de conservadores y liberales latinoamericanos para aceptar victorias electorales de partidos de izquierda, así como por la misma intolerancia de demócratas y republicanos estadounidenses cuando los gobiernos no eran de su agrado.

Ahora bien, los gobiernos, presidentes o alcaldes latinoamericanos de identidad liberal, insisten que el capitalismo neoliberal es la solución a todos los problemas sociales que aquejan al continente y proponen a miembros de las oligarquías locales y a los asesores estadounidenses como los más idóneos para administrar la cosa pública. Resulta, sin embargo, que en la última década, la doctrina liberal y sus programas neoliberales enfrentan una crisis institucional sin precedente, donde tales gobiernos y sus altos funcionarios, están siendo cuestionados y depuestos por las mismas fuerzas que los llevaron al poder, particularmente a través de la opinión pública y de sus medios de comunicación. En otras palabras, la democracia electoral y de la opinión pública arremete por primera vez contra los representantes de las clases políticas tradicionales. Y esto pasa no solamente en Latinoamérica, sino en el mismo Estados Unidos. La prensa diario reporta, escándalos ligados a presidentes o expresidentes, ministros o funcionarios menores, gerentes de las grandes corporaciones, que están presos, fugados, vinculados a la mafia, mintiendo o renunciando al cargo.

Nunca en la historia de América Latina habíamos asistido a una crisis ético-política como la que estamos observando en estos años. Presidentes en funciones y expresidentes están siendo cuestionados, legal, moral y políticamente por la institucionalidad jurídica y la opinión pública, así como por seguidores de sus propios partidos.

Nicaragua no es el único caso ni la excepción a la regla. Algunos presidentes como los de Argentina, Ecuador o Bolivia fueron expulsados por la presión popular mientras estaban fungiendo como presidentes. Otros ex-presidentes como el mexicano, chileno, venezolano, guatemalteco, costarricense o nicaragüense han sido o están siendo juzgados y hasta encarcelados después de haber ejercido el mandato presidencial. Y algunos como el peruano, se han dado a la fuga.

Lo más interesante del caso es que el mayor delito por el cual se acusa, cuestiona, juzga, depone o encarcela, a estos presidentes, está ligado al alma y sustancia de los programas liberales o neoliberales, particularmente a la privatización o venta de los bienes públicos a las grandes corporaciones transnacionales, es decir, al capital extranjero, pilar de salvación, según nuestros presidentes, frente al desastre económico que el mismo sistema capitalista está generando.

El delito más mentado ha sido el de corrupción, es decir, el robo del erario público. Los mecanismos para desfalcar al Estado han sido variados, pero los más frecuentes son las coimas o sobornos por parte de las empresas extranjeras, a políticos para sus campañas electorales o a los responsables nacionales de la venta de los bienes públicos.

Si los pecados o delitos de corrupción de nuestros presidentes, vicepresidentes, ministros, embajadores y tutti cuanti funcionario público, no son escasos ni esporádicos, sino que son generalizados y permanentes, lógico debería ser pensar que algo anda mal al interior de las estructuras sociales, políticas y económicas donde estos delitos florecen.

Definitivamente, el capitalismo no anda muy bien que se diga, salvo para los capitalistas. La privatización como tabla de salvación ha sido un desastre, salvo para las propias corporaciones transnacionales. Los funcionarios liberales que representan este sistema y esta política económica, están más depreciados y despreciados que nunca. Por ende, la doctrina y el régimen liberal mismo, han entrado en una crisis de legalidad, legitimidad, identidad y gobernabilidad que vale la pena analizar, más allá del problema moral de un presidente, ministro o funcionario particular.

El caso de Nicaragua es patético porque se trata de un país muy empobrecido, cuyos ministros ganan los sueldos más altos de América Latina. Un país que está privatizando todos los bienes públicos, incluyendo los servicios sociales y los recursos naturales. Un país con los salarios más bajos del mundo y con una tasa migratoria sin precedente. Un país donde la mayoría de la población le confió a los liberales la administración de su patrimonio y la gestión de su gobierno, sin saber que a cambio los funcionarios liberales se darían a la tarea de saquear el Estado y de mostrar la mayor vergüenza nacional e internacional que un gobierno pueda ofrecer.

Recordemos que actualmente quien está en el banquillo de los acusados es el gobierno del partido liberal, donde el doctor Alemán era presidente y el ingeniero Bolaños era el vicepresidente, hoy presidente, hoy acusado, hoy cuestionado por un contralor liberal, por una asamblea cuya mayoría es liberal. Un gobierno donde los ministros están administrando una política liberal; ministros que si no estuvieran amparados en su inmunidad ya estarían presos o refugiados en los Estados Unidos.