¿Quién paga los impuestos, para qué pagamos impuestos y hacia dónde van a parar nuestros impuestos? son preguntas que debemos hacernos en ocasión de la presente reforma tributaria. Más del 85% de los ingresos tributarios proviene de impuestos indirectos y los paga el pueblo; menos del 15% proviene del impuesto a la renta del sector privado empresarial. Supuestamente, estos impuestos sirven para que el Estado pueda cumplir con los servicios públicos a la población: educación, salud, seguridad, pensiones, agua, energía, telefonía, caminos, vivienda.

Nicaragua recauda 8,000 millones de córdobas y, según las autoridades del ministerio de Hacienda, más de 2,000 millones de córdobas se pierden por evasión fiscal de parte de los empresarios, a pesar de ser ellos quienes más se benefician de los recursos del Estado (créditos, infraestructura, estímulos tributarios, servicios públicos). Además, en los últimos diez años, nuestros gobiernos han decidido traspasar todas las actividades rentables del Estado hacia el sector privado, incluyendo los servicios públicos y el flujo tributario, criticando el monopolio estatal y aduciendo que el sector privado es el motor de la economía a través de sus inversiones. La verdad es que el sector privado no solamente no es el motor de la economía, sino que es el responsable de la gran quiebra de la economía y del Estado Nacional perpetrada durante la década de los años 90s, década de la gran estafa tributaria. En vez de inversión tuvimos traspaso de activos y en vez de monopolio público tenemos monopolio privado.

Respondiendo a la pregunta inicial sobre el destino de nuestros impuestos, podemos contabilizar fácilmente que gran parte de dichos impuestos fueron consumidos por el mayor fraude que ha tenido la Hacienda Pública Nicaragüense. En primer lugar contabilicemos la condonación a los somocistas por propiedades que habían sido hipotecadas: centenares de millones de dólares. En segundo lugar el servicio de la deuda externa e interna a gobiernos y organismos extranjeros y al sector privado nicaragüense: centenares de millones de dólares (no incluimos 5.000 millones de dólares de la deuda sandinista, condonados al gobierno de doña Violeta por los países socialistas). En tercer lugar el rescate bancario pagado al sector privado nicaragüense por la quiebra fraudulenta del BECA, BANCO POPULAR, BANCAM, BANCOSUR, BANADES, BANIC, BAMER, INTERBANK, BANCO DEL CAFE: centenares de millones de dólares. En cuarto lugar la subfacturación que los funcionarios nicas realizaron en favor del sector privado compuesto por las empresas transnacionales, en el momento de la privatización: centenares de millones de dólares. En quinto lugar los fondos robados por un grupo de confesos empresarios nicaragüenses a través de la corrupción, conocida como Huaca del Partido Liberal Constitucionalista. Todo esto se hizo con el beneplácito de los organismos financieros internacionales y del gobierno norteamericano, los primeros por apoyar la globalización y el segundo por su complicidad con el antisandinismo de Alemán. En total, miles de millones de dólares, amasados por la población durante muchos años y trasladados a quienes se dicen son la garantía del desarrollo.

¿Qué hacer?

Cobrarle más impuestos a la población, nos dirán los delegados del FMI; mensaje copiado por algunos ideólogos del gobierno actual, del sector privado y de la sociedad civil, quienes últimamente han publicitado hasta la saciedad que el fisco necesita cubrir un déficit de 400 millones de córdobas, con el fin de acceder a un crédito de 100 millones de dólares por parte del propio FMI, con el cual resolveremos el problema de la pobreza y el desempleo. Resulta que el 70% de este préstamo, según nos dicen sus voceros, servirá para honrar la deuda interna, es decir, para pagarle a los banqueros que durante las últimas especulaciones, arriba señaladas, saquearon las reservas del Banco Central. Estos cien millones de dólares servirán, según el gobierno, para aumentar la liquidez de los bancos, el crédito, la producción y el empleo. Nada más lejos de la verdad, pues los bancos padecen de sobreliquidez y están más interesados en embargar a los cafetaleros que en prestar a una economía agroexportadora que agoniza por falta de solvencia económica.

El 30% restante de los 100 millones servirá para incrementar las reservas y respaldar la Balanza de Pagos del gobierno. En otras palabras, no queda nada para los servicios públicos de quienes tienen que pagar con impuestos este crédito. Más bien nos dicen que uno de los requisitos para que nos presten tal dinero es que tenemos que finiquitar la privatización de las comunicaciones, la energía y el agua.

Nosotros creemos que otra solución sería cambiar la estrategia de recaudación tributaria, detener las privatizaciones y el alza de las tarifas en energía, electricidad y agua, no seguirnos endeudando y discutir una propuesta de bienestar económico y social a partir de diferentes iniciativas en marcha. Todo esto suena bonito dirán algunos de ustedes, pero, agregarán, ¿de dónde sacaríamos el dinero para enfrentar el déficit fiscal y la crisis económica financiera? Los invito a discutir la siguiente opción.

1. Disminuir y establecer un techo a los salarios que tienen los altos funcionarios nicaragüenses (ministros, magistrados, diputados), cobrándoles, como manda la ley, el impuesto a todos sus ingresos, eliminándoles al mismo tiempo todos sus privilegios y exoneraciones fiscales y arancelarias. Aparte del mejoramiento de la imagen del funcionario gubernamental, se obtendrían al menos 50 millones de córdobas adicionales.
2. Gravar mínimamente las rentas y transferencias financieras internacionales, aunque sea en un porcentaje ridículo. De aquí se puede obtener al menos 200 millones de córdobas.
3. Cobrar un impuesto mínimo a las Zonas Francas, aunque sea el equivalente al 1% de sus exportaciones. Se obtendrían al menos 400 millones de córdobas (actualmente las Zonas Francas no pagan ni un sólo centavo por los USA $3,000 millones de dólares que exportan anualmente.
4. Rescatar el dinero que por evasión, exención y exoneración de impuestos, el fisco deja de percibir y muchas empresas quedan sin pagar. Rescatar el dinero robado por corrupción gubernamental o privada. Se obtendrían al menos 500 millones de córdobas.
5. Aumentar los impuestos a la importación de artículos suntuarios, eliminando al mismo tiempo las exoneraciones a quienes hoy no pagan impuesto alguno por tales artículos. Se obtendrían al menos 700 millones de córdobas, de los dos mil que según la DGI se pierden cada año.

Si los diputados se deciden a emprender tal iniciativa, podríamos no solamente cerrar la brecha fiscal, sino también prescindir de los 100 millones de dólares del FMI, evitándonos un mayor endeudamiento y sus exigencias para privatizar los servicios públicos. De lo contrario, el contribuyente y los consumidores nos preguntaremos ¿para qué seguir pagando impuestos en este país?