Ultimamente se ha suscitado en Nicaragua una disyuntiva alrededor del colapso del azúcar debido a la caída de los precios internacionales. La primera opción se inicia a raíz de una propuesta parlamentaria conducente a eliminar los aranceles de importación, lo que implica liberar el mercado del azúcar y restringir el oligopolio de los empresarios azucareros del país, con el fin explícito de abaratar los precios internos. La segunda opción se presenta como salvadora de la producción azucarera, la protección de la economía nacional, el aseguramiento de las reglas del juego para la inversión extranjera, el diferencial favorable de nuestros precios internos, la estabilidad laboral y tantas cosas más.

La disyuntiva no es tan simple entre eliminar los aranceles o dejar las cosas como están, siendo una buena ocasión para discutir a fondo y objetivamente el problema de nuestra economía y la disyuntiva en que nos encontramos. En primer lugar quisiera decir que en economía y en política las intenciones no cuentan en absoluto para aclararnos el asunto, por lo tanto no debiéramos empañar la discusión recurriendo a la moralidad o ideologización de los interesados.

Por fin entendimos la globalización

Una de las ventajas de este caso es que por fin nuestros empresarios y nuestros economistas entendieron lo que significa la globalización, es decir, el desmantelamiento de las fronteras nacionales, a través del levantamiento de los aranceles y otros obstáculos que perturban la eficiencia y rentabilidad del capital. Efectivamente, la globalización significa la prioridad político/económica a la inversión y el interés de las empresas transnacionales, y por lo tanto el final de la soberanía, el final del proteccionismo arancelario, el fin del estímulo al mercado interno, la quiebra de la empresa nacional y sus secuelas de desempleo, empobrecimiento, depredación de los recursos naturales, desmantelamiento de los servicios sociales, migración, etcétera.

El azúcar es uno de los últimos productos industriales y agrícolas precipitados al infierno por la imposición de los precios internacionales debajo de sus costos de producción. Lo que no hizo ni el somocismo ni el sandinismo, lo hizo el mercado libre: uno a uno, los empresarios del algodón, el café, el tabaco, el maní, la soya, el ajonjolí, el camarón y el resto de productos industriales, sucumbieron al mercado libre. En cada uno de esos momentos nadie salió en defensa de los productores, trabajadores o de la economía nacional: la ley de la oferta y la demanda aparecía apañando la real monopolización de los precios internacionales y la borrachera neoliberal de nuestra clase política y económica.

Si no fuera por el caso del azúcar y la influencia que tiene la clase azucarera, nuestros empresarios y economistas todavía estarían manteniendo su cruzada desrreguladora, pensando quizás que a ellos no les llegaría su turno.

Por fin aceptamos que existen beneficiarios y víctimas en el mercado

Realmente toda economía es una mezcla de mercado libre y políticas económicas encargadas de regular los mercados, la diferencia reside en quien gana y quien pierde en cada regulación: por un lado una minoría exitosa y por otro lado una mayoría de víctimas empobrecidas. Ante tal constatación, solo el beneficiario de la regulación y el fundamentalista siguen hablando de las virtudes del mercado libre. Lo insólito de esta postura es el discurso de los países del norte, quienes recomiendan apertura absoluta para los países subordinados al mercado mundial, junto con un proteccionismo a ultranza para quienes subordina a dicho mercado. Mas insólito aún es que nuestra burguesía criolla, hasta hace poco siguiera hablando maravillas de la competitividad y la apertura, a pesar de las víctimas nacionales.

Otra ventaja del caso del azúcar es que ahora la "opinión especializada" comienza a visibilizar y criticar el proteccionismo azucarero norteamericanoeuropeo, a lamentarse sobre el desempleo nacional, y sobre la quiebra empresarial ... de los azucareros, virtiendo alabanzas al subsidio y al proteccionismo nacional ... para los azucareros, incluso a señalar la imperfección del mercado. Esperemos que prontamente amplíen su receta a todos los productos y productores nacionales, especialmente a los campesinos, por ser éstos los mayores productores internos y los más desfavorecidos por la regulación de los precios mundiales.

La aritmética del azúcar: más dulce para unos y más simple para otros

Sesenta mil manzanas de caña de azúcar se cultivan en las tierras más fértiles y con mayor renta diferencial de Nicaragua y producimos 7 millones de quintales aproximadamente. Los costos de producción del azúcar oscilan alrededor de los USA $14 dólares por quintal. El precio actual del mercado mundial es de 6 dólares aproximadamente; en las décadas anteriores sus oscilaciones cíclicas promediaban USA $30 dólares por quintal y sus precios más bajos por lo general siempre sobrepasaban los costos de producción, hasta que llegó el holocausto. En la bélle époque las multimillonarias ganancias nunca llegaron hasta los cañaverales, ni los consumidores nos beneficiamos de aquellos precios, tampoco nuestros trabajadores fueron invitados a la Asamblea Nacional: sólo se hablaba de la ley de la oferta y la demanda, la eficiencia empresarial y del sector privado como el motor de la economía.

En la década del 90, los ingenios azucareros empezaron a quebrar en su mayoría, sin que nadie dijera nada, quedando en pié prácticamente el ingenio San Antonio de la familia Pellas y el Monterrosa del grupo Pantaleón (inversionistas guatemaltecos). Actualmente el 45% de la producción (3.1 millones de quintales) se vende al mercado mundial a $6 dólares por quintal (½ millón se vende a Estados Unidos a precios preferenciales -$18.50 dólares por quintal); el 55% (3.8 millones de quintales) se vende en Nicaragua a una empresa llamada Central Azucarera, perteneciente a los mismos propietarios azucareros, a $21 dólares el quintal, los que a su vez la distribuyen a USA $22 dólares el quintal, llegando al consumidor a $25 dólares el quintal (entre C$3.3 y C$4 la libra), o sea a 400% sobre el precio internacional. Similar resultado se observa con algunos subproductos del azúcar, como la melaza, cuyo precio internacional por tonelada es de $25 dólares, pero internamente la compramos a más de $40 dólares cada tonelada.

En otras palabras, Nicaragua subsidia al mercado mundial, perdiendo $8 dólares por cada quintal exportado, para un total de $22 millones de dólares. Por otro lado, los consumidores nicaragüenses subsidiamos a los monopolios azucareros nacionales, desahorrando $19 dólares por cada quintal que compramos, pues pagamos a $25 dólares un quintal de azúcar que podríamos comprar a $6 dólares el quintal en el mercado internacional (desahorrando un total de $72 millones de dólares).

Se nos dice que tal injusticia se justifica para que nuestros empresarios puedan alcanzar su punto de equilibrio. Sin embargo, observamos que mientras los ingenios pierden en el mercado exterior $22 millones de dólares ($8 dólares por 3.1 millones de quintales exportados), estos mismos ingenios más los distribuidores nacionales se recuperan con creces vendiendo en el mercado interno, logrando una ganancia de $42 millones de dólares (3.8 millones de quintales multiplicados por $11dólares, que es la diferencia entre el precio de costo - $14 - y el precio de venta -$25); obteniendo un excedente neto de cerca de $20 millones de dólares ($42 millones menos $22 millones): toda una ganancia de monopolio que nada tiene que ver con la competitividad y rentabilidad entre oferta y demanda de libre mercado, sino con prácticas proteccionistas y precios de monopolio. No se incluye la ganancia de los subproductos del azúcar, como son la energía a base de bagazo de caña, la melaza, los licores (Flor de caña), la comercialización de insumos y maquinarias por los ingenios, etc.

La opción ciudadana

Efectivamente, levantar los aranceles y liberalizar completamente la importación del azúcar, tal como se ha hecho con el resto de productos y tal como lo orientan las políticas globalizadoras del Fondo Monetario, tendría las mismas desastrosas consecuencias que se han obtenido con otros productos, otros empresarios, otros trabajadores y resto de la economía nacional. Siendo que tal opción ha sido criticada hasta la saciedad, no tiene sentido abundar sobre el asunto, salvo agregar que los argumentos sobre las ventajas del oligopolio azucarero son demasiado simples y fraudulentos, como que el precio del azúcar en Europa y Estados Unidos es mayor que el nuestro (con tal argumento deberíamos subir diez veces los salarios y todavía estaríamos pagando diez veces menos a nuestros trabajadores).

Además de las opciones anteriores, existe otra opción que quisiera presentar, pero antes los invitaría a que respondiéramos la siguiente pregunta. ¿Por qué existe una aplicación arancelaria diferenciada, dependiendo del rubro o del productor? ¿Por qué nos preocupamos por apoyar a una parte del sector azucarero, lo que es correcto, pero no nos importa abandonar a los cafetaleros, los frijoleros, los arroceros, los ajonjoliceros, los maniseros, los soyeros, los tabacaleros, los camaroneros y todos los pequeños y medianos industriales que colapsan día a día? ¿Por qué pensamos en 10,000 trabajadores permanentes del azúcar y no decimos nada, mas bien aplaudimos y ofrecimos mil argumentos contra la regulación, cuando la globalización y la quiebra de la economía exportadora nos expulsaba a un millón de trabajadores? No dijimos una sola palabra ni siquiera cuando quebraron los ingenios anteriores.

La tercera opción consiste en formar una comisión, donde participe el gobierno, la Asamblea Nacional, los empresarios azucareros, los municipios cuyos impuestos del azúcar son escamoteados por el aparato central, los trabajadores azucareros que no son reenganchados porque se les detectó insuficiencia renal o porque son mujeres embarazadas, la sociedad civil a través de la liga de consumidores que representa a quienes pagan un sobre precio para mantener las ganancias extraordinarias de un par de familias. La comisión tendría que presentar una propuesta que incluya un análisis general (costo-beneficio) de las empresas azucareras, un convenio cuatripartito (gobierno-empresarios-trabajadores-consumidores), una escala de precios (salarios, venta al consumidor, impuestos, aranceles) y un margen de sostenibilidad, con el fin de distribuir cargas y beneficios para todos.

La situación no se va a resolver con el retiro de la iniciativa de ley en la Asamblea Nacional, pues el colapso agroexportador sigue su implacable curso. Pero si pensamos en el beneficio de todos, podríamos revisar las cifras con mejor espíritu. Esta podría ser una tarea para el CONPES, o al menos para los participantes de la sociedad civil en dicha instancia: la Coordinadora Civil y los movimientos sindicales y sociales.